Detalle

Loreto Bresky
Directora Nacional de INAPI

Chile es el país más innovador de América Latina, según la última medición del Global Innovation Index 2019, que dio a conocer la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que consideró a 129 economías.

Si bien, el anuncio es una buena noticia para Chile, nos posiciona en el lugar nº 51 a nivel global, muy lejos de Suiza; Suecia; Estados Unidos; Países Bajos y el Reino Unido, que lideran el ranking.

La radiografía, nos desafía a seguir estimulando la investigación y el desarrollo. Es decir, la creación de valor a partir de la generación de nuevo conocimiento. Una tarea que debe ser empujada desde diversos frentes y, que requiere con urgencia, una modernización normativa en materia de propiedad industrial, que conecte con las necesidades actuales de los usuarios de marcas y patentes, y con los paradigmas de una economía globalizada.

La Ley corta, que actualmente se revisa en el Senado, apunta a facilitar la tramitación, modernizar los procesos y, por sobre todo, contribuir a la armonización de los estándares internacionales, considerando que los derechos son territoriales.

En materia de patentes, se introducen cambios que apuntan a evitar que aspectos como la evaluación de patentabilidad o su escalabilidad comercial se conviertan en un freno para proteger las innovaciones, es por ello, que se re instala en nuestro sistema, las patentes provisionales. Este cambio, significará que los inventores; las universidades; los centros de investigación y las empresas, que inicien una tramitación, puedan contar con 12 meses para reunir toda la información necesaria. Tiempo en el que se podrá evaluar la viabilidad de una solicitud, su escalabilidad y proyección, sin perder la prioridad. En otras palabras, evitará que muchas invenciones se queden guardadas en carpetas.

En esa línea, también se buscará que el formato de pago de tasas, sea más congruente con el entorno que deben enfrentar los innovadores. El proyecto de Ley propone pago por anualidades, como medida alternativa al sistema de decenios o quinquenios, dependiendo del tipo de derecho.

Pero en paralelo a esta flexibilidad, también se refuerza la seguridad en el resguardo de los derechos, para los inventores. En concreto, se contempla una acción de usurpación de patente, que protege al legítimo creador de una invención de posibles intentos de terceros, por hacerse de la titularidad del derecho. Actualmente, en caso de controversia, se suele solicitar la nulidad del derecho.

La iniciativa también considera cambios sustantivos para solicitudes y registros de marcas. Propuestas que se traducen en noticias muy alentadoras para el sistema local de emprendimiento e innovación. Uno de los anuncios más esperados, es la caducidad marcaria por falta de uso.

Esta modificación, viene a resolver una deuda pendiente. Chile es uno de los pocos países que no cuenta con una normativa al respecto y, por tanto, existe el riesgo que un registro sin uso, esté bloqueando a otras potenciales marcas, que legítimamente quieran tener una participación de mercado.

Entre los avances, figura la incorporación de diferentes tipos de marcas, a través de una nueva definición conceptual que amplía las posibilidades, al excluir el requisito de representación gráfica. Además, incorpora el registro de marcas tridimensionales.

Por ejemplo, una nueva botella con atributos suficientemente distintivos, podría ser protegida como signo distintivo en Chile, lo que abre un gran abanico de posibilidades para los usuarios.

En consecuencia, el proyecto de Ley Corta, viene a proponer una modernización en materia de propiedad industrial, cuyo marco normativo en Chile data de 1991. Es un salto cualitativo, que nos permite enfrentar con más y mejores herramientas, nuestro desafío país de convertirnos en un actor cada vez más relevante en materia de innovación, a nivel internacional.